La crisis en la Universidad de San Carlos de Guatemala generó una disputa pública entre el presidente Bernardo Arévalo y el diputado Samuel Pérez, quien actúa como aliado del Ejecutivo en el Congreso, y el desacuerdo gira en torno al alcance de las atribuciones presidenciales ante las denuncias vinculadas con la elección de Walter Mazariegos como rector, así como a los límites que fijan la Constitución y la autonomía universitaria.
Pérez cuestionó la decisión del mandatario de esperar las resoluciones judiciales antes de adoptar otras medidas. Arévalo respondió que la Presidencia no puede actuar fuera de las atribuciones que le corresponden y sostuvo que las declaraciones del legislador evidencian un “problema de información” sobre las competencias del Ejecutivo.
La discusión expone dos criterios sobre la forma en que el Gobierno debe responder a una controversia que permanece pendiente de decisiones judiciales. Ambos actores cuestionan la legitimidad de la gestión de Mazariegos, pero difieren en el tipo de actuación que corresponde impulsar desde el poder público.
Diferencias sobre las facultades presidenciales
Samuel Pérez describió como “insuficiente” la postura de Arévalo de limitar las acciones del Ejecutivo a lo que resuelvan las cortes, y afirmó que la Presidencia ha rehuido emplear el “poder público” para aportar a una salida de la crisis universitaria.
Su crítica se dirige a la falta de una intervención más amplia por parte del Gobierno frente a la permanencia de Walter Mazariegos. Pérez considera que la respuesta presidencial no corresponde con el papel que, a su juicio, debería asumir el Ejecutivo ante el conflicto.
Arévalo rechazó ese planteamiento durante La Ronda. El mandatario indicó que existe desconocimiento sobre las facultades que la Constitución asigna al presidente y señaló que su administración debe respetar los límites legales de su actuación.
Según la postura presidencial, una intervención que exceda esas competencias podría afectar la autonomía de la USAC. Por esa razón, el Ejecutivo ha mantenido su decisión de esperar las resoluciones de los órganos jurisdiccionales y de solicitar que las instituciones correspondientes investiguen las denuncias presentadas durante el proceso de elección de rector.
La diferencia entre ambos funcionarios se sitúa, por tanto, en la interpretación del alcance de la acción presidencial. Pérez reclama una participación más activa, mientras Arévalo sostiene que el conflicto debe tramitarse mediante los procedimientos legales existentes.
Arévalo descarta acusaciones relativas a eventuales pactos
El presidente igualmente descartó la presencia de pactos encubiertos vinculados al proceso de selección de las autoridades universitarias, y Arévalo aseguró que tales acusaciones carecen de fundamento, atribuyéndolas a la ausencia de datos o a la “mala fe” de quienes las difundieron.
El mandatario afirmó que, desde la Presidencia, exhortó a las autoridades judiciales a indagar las denuncias sobre eventuales irregularidades y vulneraciones legales registradas durante el proceso electoral de la universidad, y al mismo tiempo reiteró que su intervención debe ajustarse estrictamente al marco constitucional.
Esta postura deja el avance del conflicto bajo la responsabilidad de las instituciones competentes en la resolución de los procesos judiciales, y para el Ejecutivo, acatar dichos procedimientos implica cumplir con la obligación de no inmiscuirse de manera directa en las decisiones internas de la universidad.
La postura de Pérez plantea una exigencia diferente. Aunque el diputado también ha recurrido a mecanismos judiciales, considera que el liderazgo presidencial puede desempeñar un papel de mayor alcance ante la situación de la USAC.
Perspectiva presenta este intercambio como la primera diferencia pública de opinión entre el Ejecutivo y uno de sus principales aliados legislativos alrededor de la crisis universitaria. El desacuerdo no se refiere a la valoración de la gestión de Mazariegos, sino a los instrumentos que deben emplearse para responder a ella.
Pérez emprende medidas legales contra Mazariegos
Mientras cuestiona la actuación presidencial, Samuel Pérez desarrolla una agenda judicial contra Walter Mazariegos. Entre las acciones mencionadas se encuentran querellas penales por el posible delito de abuso de autoridad.
El diputado combina así sus críticas políticas con el uso de procedimientos legales. Su posición sostiene que la espera de las resoluciones judiciales no debería impedir que el Ejecutivo ejerza otras formas de liderazgo dentro de sus atribuciones.
Arévalo, por su parte, mantiene que cualquier medida debe evitar una posible vulneración de la autonomía universitaria o una actuación que pueda ser impugnada por exceder las competencias presidenciales. Su respuesta reafirma una línea de prudencia institucional basada en la separación de funciones entre el Ejecutivo, las autoridades universitarias y los órganos de justicia.
La controversia introduce una tensión en la relación entre la Presidencia y uno de sus aliados en el Congreso. También refleja una diferencia sobre cómo debe utilizarse el poder estatal frente a una crisis institucional: mediante una intervención política más activa, como plantea Pérez, o mediante el respeto de los procesos judiciales y los límites constitucionales, como sostiene Arévalo.
La situación de la USAC continúa vinculada a las investigaciones y resoluciones pendientes. Mientras esas decisiones no se produzcan, la discusión entre ambos actores seguirá centrada en el alcance de la autoridad presidencial, la autonomía universitaria y las vías institucionales disponibles para atender las denuncias relacionadas con la elección de rector.