Un panel de expertos de Naciones Unidas solicitó investigaciones independientes sobre la fiscal general saliente de Guatemala, Consuelo Porras, debido a posibles vínculos con procesos de adopción internacional presuntamente ilegales que involucraron a niños indígenas. La petición se relaciona con un hogar infantil del que Porras fue directora durante siete meses en 1982.
La ONU indicó que le llegó información acerca de al menos 80 niños indígenas ingresados en el Hogar Temporal Elisa Martínez, un establecimiento que más tarde cerró sus puertas. Los especialistas manifestaron su inquietud ante la ausencia de indagaciones que esclarezcan con autonomía e imparcialidad el destino de los menores y el eventual grado de implicación de los funcionarios públicos en tales hechos.
El caso adquiere relevancia debido a la trayectoria de Porras al frente del Ministerio Público de Guatemala. Durante su gestión, organizaciones de derechos humanos y sectores críticos denunciaron una persecución contra jueces, fiscales y periodistas que investigaban casos de corrupción o cuestionaban las actuaciones de las autoridades.
Uno de los episodios más destacados de su administración fue el enfrentamiento con la exfiscal general Thelma Aldana. Después de que Aldana intentara competir por la Presidencia de Guatemala, el Ministerio Público dirigido por Porras presentó acusaciones en su contra y emitió una orden de captura, lo que llevó a la exfuncionaria a abandonar el país y establecerse en Estados Unidos.
El exjefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval, también cuestionó la actuación de Porras. Según su testimonio citado por BBC Mundo, durante su administración algunas denuncias que podían involucrar al entonces presidente Alejandro Giammattei y personas de su entorno eran remitidas a otras fiscalías, lo que, según Sandoval, dificultaba el avance de las investigaciones.
Las recientes peticiones de Naciones Unidas se producen justo cuando Porras finaliza su segundo mandato como fiscal general, sumándose así al cúmulo de cuestionamientos que ha cosechado a lo largo de su gestión en el Ministerio Público. Dicho requerimiento por parte de los especialistas pretende esclarecer las denuncias sobre los menores indígenas y dilucidar la eventual culpabilidad de agentes estatales en los cuestionados trámites de adopción.
Este suceso vuelve a colocar en el centro de atención el estado de los derechos humanos y el sistema judicial en Guatemala, sobre todo en lo que se refiere a las pesquisas sobre presuntos atropellos sufridos por poblaciones indígenas y al desempeño de los organismos responsables de velar por la rendición de cuentas.
Fuente: BBC News Mundo — BBC News Mundo