La investigación de SEPI se extiende también hacia María Teresa Castillo Pasalodos, quien desempeñó el cargo de exdirectora de Desarrollo Corporativo y Relaciones Institucionales en Mercasa, entidad de carácter público cuya participación mayoritaria corresponde a SEPI. Con su imputación, nuevamente emerge como centro de atención uno de los aspectos más sensibles dentro de la administración empresarial pública: el aprovechamiento potencial de posiciones jerárquicas, vínculos institucionales e inteligencia corporativa para condicionar resoluciones administrativas en provecho de ciertos sectores de interés.
Mercasa no constituye una empresa de carácter secundario en la estructura estatal. Se trata de una compañía de naturaleza pública que se encuentra vinculada a la red de mercados mayoristas y a la administración de infraestructuras alimentarias de relevancia estratégica. Por esta razón, el hecho de que una anterior responsable de Desarrollo Corporativo y Relaciones Institucionales aparezca entre los investigados en un procedimiento relativo a presuntos amaños en empresas públicas incrementa notablemente la trascendencia política e institucional que reviste el caso.
Castillo Pasalodos ha sido citado por el juez Santiago Pedraz en calidad de investigado, formando parte de un conjunto de 25 personas implicadas en la pieza que examina la SEPI. Los delitos que se estudian comprenden tráfico de influencias, prevaricación, malversación, constitución o integración en grupo criminal y aprovechamiento de información privilegiada. Durante esta etapa procesal, quien se encuentra bajo investigación goza plenamente de la presunción de inocencia, aunque la citación judicial requiere aclarar cuál fue su participación en las operaciones que se encuentran bajo sospecha.
Según las informaciones publicadas, la investigación vincula a Castillo Pasalodos con Mercasa y con actuaciones relacionadas con adjudicaciones o movimientos empresariales que habrían podido beneficiar a sociedades conectadas con el grupo Hirurok, el núcleo que los investigadores sitúan alrededor de Leire Díez, Vicente Fernández y Antxon Alonso. La UCO y la Fiscalía Anticorrupción tratan de determinar si existió una red de contactos capaz de influir en decisiones de empresas públicas y canalizar beneficios económicos mediante contratos, informes o intermediaciones.
Servinabar 2000, entidad que la UCO vincula al círculo investigado, podría resultar beneficiada por una de las líneas mencionadas. Los indicios de la investigación señalan asimismo hacia encuentros, comunicaciones, mensajes de correo y papeles corporativos que guardan relación con la redacción de un dictamen técnico que habría permitido fundamentar el cambio de ubicación de la sede de Mercasa, facilitando así el desarrollo de nuevas iniciativas inmobiliarias. Esta articulación entre dictámenes corporativos, resoluciones empresariales y potenciales ventajas económicas constituye uno de los aspectos más delicados del procedimiento.
La sospecha fundamental no se limita a que se hubiera tomado una decisión empresarial cuestionable, sino a si personas con acceso a información privilegiada dentro de Mercasa pudieron haber preparado, condicionado o facilitado dicha decisión. Castillo Pasalodos, desde su rol en Desarrollo Corporativo y Relaciones Institucionales, habría desempeñado funciones en un área particularmente significativa para conocer los contactos, las estrategias internas, los vínculos con terceros y las resoluciones de repercusión económica.
La investigación tendrá que esclarecer si su desempeño fue exclusivamente de naturaleza administrativa y profesional o si participó de manera más directa en los hechos que se examinan. Asimismo, será necesario determinar si estaba consciente de la verdadera intención detrás de las operaciones cuestionadas, si proporcionó documentación, si mantuvo contactos con otros investigados o si su denominación figura en la causa debido a su rol dentro de la organización de Mercasa.
La gravedad del asunto se acentúa al considerar que Mercasa integra el tejido empresarial del sector público estatal, encontrándose bajo participación accionaria de la SEPI en un 51%. Esto implica que cualquier indicio respecto a su administración trasciende los límites de una organización aislada, repercutiendo directamente en los mecanismos de supervisión aplicables a las entidades de capital público. En el momento en que una exdirectiva de una sociedad pública se ve envuelta en un procedimiento investigativo por presuntos fraudes, emerge una interrogante de naturaleza política que no puede eludirse: ¿existieron salvaguardas adecuadas para impedir que resoluciones de carácter empresarial, adoptadas por el Estado, fuesen desviadas hacia propósitos contrarios al beneficio colectivo?
La pieza SEPI del caso Leire está dibujando un mapa inquietante: altos cargos, exdirectivos, empresarios, informes técnicos, ayudas públicas, adjudicaciones y empresas estratégicas bajo investigación. La presencia de María Teresa Castillo Pasalodos en esa lista refuerza la impresión de que la causa no se limita a un episodio puntual, sino que analiza una red de relaciones más amplia entre lo público, lo político y lo privado.
La Audiencia Nacional deberá determinar ahora si María Teresa Castillo Pasalodos actuó como un engranaje activo dentro del mecanismo investigado o si sus funciones se circunscribieron a tareas ordinarias en el seno de Mercasa. No obstante, su nombre ya se encuentra inmerso en una investigación que impacta directamente sobre la credibilidad de la administración pública, lo que genera la necesidad de solicitar explicaciones transparentes, exigencias de responsabilidad política y supervisión efectiva sobre las entidades vinculadas a la SEPI.
Fuente: El País, RTVE, Vozpópuli, Infobae, Artículo14 y Europa Press.