El Poder Judicial de Perú ha decidido ampliar la prisión preventiva del expresidente Pedro Castillo por un periodo adicional de 12 meses, argumentando un alto riesgo de fuga y la complejidad de la investigación en curso. Esta medida prolonga su privación de libertad hasta el 9 de marzo de 2027, en el marco de las pesquisas por presunta organización criminal, tráfico de influencias y colusión, delitos que habrían sido cometidos durante su gestión.
Según la resolución emitida, el juez Edhin Campos Barranzuela destacó la ausencia de arraigos familiares, laborales y domiciliarios sólidos por parte de Castillo. La fiscalía señaló que su familia más cercana, incluida su esposa y sus hijos, residen actualmente en México bajo asilo diplomático. Además, el respaldo político expresado por autoridades extranjeras, como los mandatarios de México y otros países, acrecienta el riesgo de que Castillo busque evadir la justicia.
El tribunal fundamentó igualmente la ampliación de la prisión preventiva por la complejidad del caso, un proceso amplio que abarca a más de 90 personas investigadas y múltiples líneas de indagación aún en curso. Entre las diligencias pendientes figuran peritajes contables y técnicos vinculados con presuntas irregularidades en contratos públicos, como la licitación del puente Tarata y adquisiciones efectuadas mediante PetroPerú. Estas pesquisas se orientan a esclarecer una posible malversación de fondos y el consecuente daño económico causado al Estado.
A estos elementos se añade la sentencia que ya pesa sobre Castillo por conspiración para la rebelión, derivada del fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. Hoy cumple una condena de 11 años en el penal de Barbadillo, impuesta por intentar disolver el Congreso y reorganizar el sistema de justicia. Aunque su defensa ha apelado este veredicto, también se ha señalado como un factor que incrementa el riesgo de una eventual fuga.
Adicionalmente, el Poder Judicial ha extendido por 20 meses el plazo para las investigaciones preparatorias vinculadas al caso de corrupción, con el objetivo de agotar todas las líneas de pruebas, incluidas las que involucran a exministros y colaboradores cercanos a Castillo.
Por su parte, la defensa del exmandatario consideró que la resolución emitida por la fiscalía resultaba excesiva y no respondía a un propósito procesal claro. Sostuvieron que no existen elementos suficientes para asegurar que Castillo intente eludir a la justicia y cuestionaron que se interpreten gestos de líderes extranjeros como señales de una actitud evasiva. Añadieron además que otras fiscalías llevan los casos vinculados y que no hay fundamento para reunir cargos en su contra dentro de este expediente.
Finalmente, el magistrado insistió en que subsiste un «entorno internacional favorable para una eventual evasión». México, bajo asilo diplomático, ha recibido y protegido a familiares directos de Castillo y a exfuncionarios de confianza durante su administración. Estas circunstancias refuerzan el peligro concreto de fuga identificado por las autoridades peruanas.
Fuente: El Comercio | Pedro Castillo y Geiner Alvarado: Qué fundamentos presenta el PJ para extender por doce meses la prisión preventiva en un caso de presunta corrupción